El Senado sancionó la Ley de Financiamiento Universitario y el Gobierno prepara el veto total¶

En una sesión maratónica durante la madrugada, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario con una mayoría arrolladora de 57 votos a favor contra apenas 10 del oficialismo. La norma declara la emergencia presupuestaria del sistema de educación superior, garantiza la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento y exige recomponer los sueldos docentes. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que aplicará un veto total.

La votación en la Cámara alta dejó al descubierto la soledad política del oficialismo en el terreno educativo. A los senadores de Unión por la Patria se sumaron los bloques provinciales, la UCR en pleno y gran parte del PRO, alcanzando ampliamente los dos tercios del recinto.

El proyecto, registrado como Ley 27.757, busca frenar el colapso operativo de las 57 universidades nacionales. Establece dos mecanismos centrales: una actualización bimestral de los fondos para mantenimiento, insumos hospitalarios y tarifas de luz y gas atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y una cláusula para que los salarios docentes y nodocentes recuperen lo perdido frente a la inflación desde el 1 de diciembre de 2023.

Números claros frente a la asfixia¶

¿Cuánto le cuesta al Estado sostener las aulas abiertas? Muy poco en términos macroeconómicos. Según el informe técnico elaborado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el impacto fiscal total de la ley equivale apenas al 0,14% del Producto Bruto Interno (PBI).

La cifra pulveriza el relato oficial de que la educación pública hace tambalear las metas del déficit cero:

La respuesta de la Rosada: veto anunciado¶

Apenas concluida la votación, el Presidente utilizó sus canales oficiales para ratificar que vetará la ley completa, tal como hizo días atrás con la movilidad de los jubilados. "Veto total", contestó sin rodeos ante consultas de la prensa.

Para el Gobierno, cualquier asignación de fondos que no cuente con una fuente de financiamiento explícita atenta contra el superávit primario. Pero para los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los sindicatos docentes (CONADU, FEDUN, FAGDUT), el conflicto ya no es técnico sino de supervivencia institucional: los salarios docentes cayeron más del 40% en términos reales durante 2024, provocando una renuncia masiva de investigadores y profesores con décadas de antigüedad.

Leé nuestro informe sobre el éxodo de científicos en el CONICET por el congelamiento de becas y la cobertura del paro nacional universitario del 2 de septiembre. Para una mirada de fondo sobre el vaciamiento del sistema pedagógico argentino, consultá el dossier de Educación y el análisis de las pruebas PISA y el derrumbe educativo.

La ratificación del veto abrirá de inmediato un nuevo foco de conflicto social: la comunidad universitaria ya prepara una segunda Marcha Federal para repetir la histórica movilización que colmó las plazas de todo el país.