Fuego libre para los negocios: el Senado debate eliminar el freno de 60 años sobre tierras quemadas¶

Mientras el Servicio Nacional de Manejo del Fuego emite alertas amarillas en seis provincias por riesgo extremo de incendios, el Congreso acelera una reforma clave. El dictamen impulsado por el oficialismo en el Senado busca modificar la Ley 26.815 para eliminar la prohibición temporal que impedía vender o cambiar el uso de suelo de terrenos quemados por entre 30 y 60 años. Las organizaciones ambientalistas denuncian un traje a medida para la especulación inmobiliaria y los desarrollos extractivos.

Qué cambia en la ley y por qué importa¶

La Ley de Manejo del Fuego (Ley 26.815), modificada en 2020, introdujo una salvaguarda ambiental decisiva: si un bosque nativo, un humedal o un campo rústico se quemaba, la ley prohibía por 30 a 60 años cualquier emprendimiento inmobiliario, loteo o cambio de uso agrícola.

La lógica era simple: quitar el incentivo económico para provocar incendios intencionales. Si la tierra quemada no se puede vender ni roturar para nuevos negocios, no hay ganancia en quemarla.

El proyecto que debate el Senado desarma esa protección:

• Derogación de las prohibiciones objetivas: elimina los plazos mínimos de restricción de uso comercial en tierras arrasadas por el fuego.
• Enfoque punitivo individual: exige demostrar judicialmente la intencionalidad penal del propietario antes de trabar el cambio de uso del suelo.
• Desfinanciamiento de brigadas: reduce en un 45% real las partidas del Fondo Nacional del Fuego destinadas al equipamiento de brigadistas provinciales.

Un incentivo directo al desmonte por fuego¶

Expertos en derecho ambiental y la Asociación de Abogados Ambientalistas señalaron que pasar de la restricción objetiva a la prueba de intencionalidad penal vacía de contenido la protección de los ecosistemas.

En la práctica, demostrar ante la Justicia quién inició una chispa en medio del monte es un trámite judicial que casi siempre termina impune o archivado. Al quedar liberado el suelo tras el incendio, la quema vuelve a convertirse en una herramienta barata para "limpiar" terrenos y habilitar desmontes encubiertos.

Como ya documentamos al analizar el desmonte clandestino en el Gran Chaco y el retroceso en la Ley de Glaciares, la quita de regulaciones ambientales forma un patrón coherente con el paquete de apertura que reclama el Súper RIGI.

La resistencia en el Congreso y en los territorios¶

Frente a las rejas del Congreso, brigadistas forestales y colectivos ambientales unieron su reclamo a la movilización contra la Ley de Tierras.

En los Valles Calchaquíes y la comarca andina, asambleas de vecinos y productores artesanales alertan que habilitar el loteo comercial en áreas quemadas acelerará la pérdida de fuentes de agua dulce y pastizales naturales de uso comunitario.

Fijate en la paradoja: mientras los recursos del Estado para apagar fuegos caen a niveles mínimos, el Poder Legislativo se apura a garantizar que las cenizas sean un negocio rentable.

Podés ampliar esta información en nuestro dossier de Medio Ambiente.