Inviolabilidad de la propiedad privada: la ley que abre la venta de tierras sin límite a extranjeros¶

El proyecto se llama "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y suena impecable. Adentro tiene un capítulo que borra los límites para que un extranjero compre tierra rural argentina sin tope de porcentaje ni de hectáreas. Ya se frenó cuatro veces en el Senado. La quinta puede ser el 6 de agosto.

Qué dice la ley, sin el envoltorio¶

El Poder Ejecutivo mandó el proyecto con la redacción de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Reforma la Ley de Expropiaciones (21.499), la Ley de Tierras Rurales y artículos del Código Civil y Comercial. El título habla de proteger la propiedad. El cuerpo hace tres cosas muy concretas con la tierra:

• Borra el tope del 15%. Hoy los extranjeros no pueden tener más del 15% de las tierras rurales del país. Ese máximo nacional desaparece.
• Elimina el límite de mil hectáreas por titular en la zona núcleo, el candado que evitaba la concentración de campos en las áreas más productivas.
• Levanta las restricciones a Estados extranjeros, que hasta ahora tenían un régimen más estricto para comprar suelo argentino.

En su lugar, la decisión "pasa a depender de cada provincia": cada jurisdicción podrá autorizar, regular o vetar la compra según sus propios criterios. Traducido: donde el límite nacional era uno solo, ahora hay veinticuatro reglas posibles, y ninguna obligación de poner freno.

El dato que la ley no menciona¶

Argentina ya tiene más de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras. Esa es la foto con el tope del 15% vigente. La pregunta no es teórica: es qué pasa cuando se saca el techo.

La discusión pega justo donde más duele para la soberanía: zonas de frontera, cuerpos de agua, tierras ribereñas y áreas con litio, cobre y energía. Son, no por casualidad, los mismos territorios que aparecen en la fiebre minera sobre los salares y en el Súper RIGI.

No solo tierras: expropiaciones y desalojos¶

El resto del proyecto también reescribe reglas viejas:

Expropiaciones. La declaración de utilidad pública tendrá que ser "específica, necesaria y proporcional", y la indemnización deberá pagarse antes de tomar posesión. Se suma el lucro cesante: el propietario podría reclamar no solo el valor del bien, sino la ganancia que esperaba obtener a futuro. Suena razonable para el que expropian; puede volverse carísimo para el Estado.

Desalojos. El plazo de intimación por falta de pago sube de 3 a 10 días. Y sigue vigente la suspensión de desalojos hasta octubre de 2032, que el texto no toca.

Por qué se frenó cuatro veces¶

El proyecto tiene dictamen de mayoría desde el 20 de mayo, con cambios que negoció La Libertad Avanza con sus aliados. Aun así, no reúne los votos: el tratamiento del capítulo de tierras se cayó cuatro veces por falta de quórum o de apoyos.

La última fue la semana pasada. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, y Sturzenegger volvieron a sentarse en pleno receso invernal para acordar el texto y llevarlo al recinto. La nueva fecha tentativa es el 6 de agosto.

Que un gobierno insista cinco veces con la misma ley dice dos cosas: cuánto le importa, y cuánto le cuesta conseguir las manos para votarla.

De qué lado se para cada uno¶

No es un debate técnico, aunque lo disfracen de eso.

De un lado, el argumento del crecimiento: menos trabas a la inversión, más capital para el campo, la tierra tratada como cualquier otro activo. La Nación lo bajó en su editorial del 23 de julio, "Crecimiento y no soberanía en juego".

Del otro, entidades agrarias y parte de la oposición advierten que sacar el techo en zonas de frontera y sobre recursos estratégicos —agua, energía, minerales— es un problema de soberanía y seguridad nacional, no de mercado.

La pregunta de fondo es vieja y sencilla: ¿la tierra es una mercancía como cualquier otra, o hay pedazos del país que no deberían estar en venta? El 6 de agosto, el Senado va a contestarla con votos.