Presupuesto 2025: la letra chica del artículo 27 que suspende la inversión en Educación y Ciencia¶

El presidente Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025 en horario central, ante un recinto semivacío y con un apagón histórico de audiencia televisiva. Detrás del discurso centrado en el déficit cero innegociable, la letra chica del texto encendió las alarmas de la comunidad académica: el artículo 27 suspende de un plumazo las leyes que garantizaban pisos obligatorios de financiamiento para las escuelas, las universidades y el desarrollo científico nacional.

La puesta en escena del domingo a la noche buscó un golpe de impacto político, pero chocó contra el desinterés de la audiencia. La transmisión oficial en cadena nacional provocó un desplome inmediato del encendido en los canales de aire: el rating combinado pasó de 15,9 puntos a un piso de 3,5 puntos en cuestión de minutos. Los televidentes apagaron la pantalla o migraron al cable y al streaming mientras el mandatario advertía que vetará cualquier iniciativa parlamentaria que comprometa el superávit primario.

Sin embargo, el núcleo de la discusión no pasa por las formas del acto sino por el contenido del articulado que los técnicos del Ministerio de Economía enviaron a la Cámara de Diputados.

La cláusula de excepción: ¿qué dice el artículo 27?¶

Fijate con atención en este punto. La legislación argentina cuenta con normativas de financiamiento progresivo votadas por amplias mayorías en el Congreso, pensadas específicamente para que la inversión estratégica en conocimiento no dependa del humor del gobierno de turno.

El proyecto oficial propone suspender para el ejercicio 2025 tres compromisos legales históricos:

1. El 6% del PBI para Educación: Suspende el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional (Nº 26.206), que fija la obligación ineludible del Estado nacional y las provincias de sostener un presupuesto consolidado no menor al 6% del Producto Bruto Interno.
2. El sendero hacia el 1% en Ciencia y Tecnología: Deja sin efecto los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614, sancionada en 2021, que establecía un cronograma de incrementos escalonados para alcanzar el 1% del PBI en 2032. Para 2025, esa ley ordenaba una asignación mínima del 0,45% del producto.
3. El Fondo de Educación Técnico Profesional: Congela la aplicación del artículo 52 de la Ley 26.058, eliminando la partida específica que nutre los talleres de oficios, la compra de maquinarias escolares y las prácticas profesionalizantes secundarias.

El argumento esgrimido por Balcarce 50 es la "emergencia pública" heredada de la Ley de Bases. En la práctica, desactiva por completo los amortiguadores que protegían al sistema formador frente a los ciclos recesivos.

Los números del retroceso en Ciencia y Universidades¶

Cuando mirás las planillas anexas del proyecto, el resultado del recorte se vuelve tangible. Los cálculos elaborados por centros de investigación especializados como el Grupo EPC-CIICTI muestran que la función Ciencia y Técnica descenderá al 0,20% del PBI en 2025.

¿Qué significa esto? Significa retrotraer los recursos de la investigación argentina a los niveles más bajos de los últimos 22 años, equiparando el financiamiento público al piso registrado durante el colapso de 2002.

En el caso del CONICET, el deterioro presupuestario acumulado alcanzará una caída real del 41% en comparación con los valores ejecutados en 2023. La parálisis de ingresos a la Carrera del Investigador, el recorte drástico de becas doctorales y la falta de fondos para mantenimiento de bioterios y laboratorios amenazan con acelerar la fuga de científicos hacia el exterior.

El proyecto tampoco contempla partidas para recomponer el atraso salarial de los docentes universitarios, que perdieron más del 40% de su poder de compra frente a la inflación en lo que va del año. Esta omisión profundiza el conflicto abierto tras la reciente sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Senado, norma que el propio Presidente ya anticipó que vetará en su totalidad.

La regla del déficit cero y el choque con los gobernadores¶

El eje rector del diseño presupuestario es una regla matemática estricta: los ingresos mandan y el gasto se ajusta en tiempo real. Si la recaudación tributaria cae por debajo de la estimación oficial, el recorte de partidas sociales, subsidios y transferencias a las provincias será automático e inmediato.

Esta lógica provocó un cortocircuito político inmediato con las provincias. Durante su mensaje por cadena, Milei exigió a los mandatarios provinciales que apliquen un ajuste de 60.000 millones de dólares en sus distritos para achicar el peso del Estado.

La cifra provocó desconcierto generalizado entre gobernadores propios y aliados: el gasto total consolidado de todas las provincias argentinas ronda los 50.000 millones de dólares anuales. Frente al absurdo aritmético, el diputado José Luis Espert tuvo que salir horas más tarde a recalcular los números ante la prensa, afirmando que el recorte exigido era en realidad de 20.000 millones de dólares.

El proyecto de Presupuesto 2025 proyecta además una inflación anual del 18,3% y un crecimiento del 5% del PBI, metas que consultoras privadas y organismos financieros consideran excesivamente optimistas frente al estancamiento de la actividad interna.

Para profundizar en el impacto del ajuste sobre la educación pública y la fuga de cerebros, podés revisar nuestro dossier de Educación y leer la investigación sobre la parálisis de proyectos y becas en el CONICET.

El debate que se abre en comisiones legislativas definirá si el Congreso convalida la suspensión de leyes fundamentales o si rechaza una regla fiscal que hace del vaciamiento del conocimiento su principal ancla contable.