El negocio de la parálisis vial: el Gobierno guardó $1 billón de los combustibles en plazos fijos mientras las rutas se destruyen¶

Cada vez que cargás nafta o gasoil en cualquier estación de servicio del país, pagás una tasa específica destinada a mantener y reparar las rutas nacionales. Sin embargo, una investigación periodística y una denuncia penal en la Justicia Federal revelaron que el Ministerio de Economía retuvo más de $1 billón de pesos de ese fondo para colocarlo en plazos fijos y títulos públicos. Mientras el Ejecutivo exhibe superávit fiscal en las planillas oficiales, la red vial nacional muestra el peor deterioro de las últimas décadas.

Plata guardada en el banco, cráteres en el asfalto¶

El Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) tiene asignación específica por ley para alimentar el Sistema Vial Integrado (SisVial) y financiar las obras de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Desde el inicio de la actual administración, la recaudación por este tributo creció un 1.265% nominal en los surtidores. Pero el dinero nunca llegó a los balizamientos, los bacheos ni las repavimentaciones.

Según los datos presentados ante los tribunales de Comodoro Py, de los $1,5 billones recaudados para infraestructura vial entre 2024 y mediados de 2026, el Palacio de Hacienda ejecutó apenas un 25% en obras reales. El resto del dinero —más de $1 billón de pesos— quedó inmovilizado en cuentas bancarias ganando tasas de interés para disimular el déficit financiero del Tesoro.

La denuncia penal y el reclamo federal¶

La maniobra derivó en la apertura del expediente penal CFP 2473/2026 ante la Justicia Federal, donde se investiga al ministro de Economía, Luis Caputo, y a las autoridades de la Secretaría de Transporte por los delitos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.

A la causa judicial se sumó el reclamo unánime de gobernadores e intendentes de distintas fuerzas políticas. Un informe técnico elaborado por la consultora Galois estimó que, si esos recursos se hubieran coparticipado de forma directa a las provincias en lugar de quedar congelados en la Capital Federal, las jurisdicciones del interior habrían recibido más de $784.000 millones de pesos para reparar rutas provinciales y accesos productivos clave.

En los hechos, la parálisis provocó consecuencias inmediatas:

• Suspensión de 140 obras viales prioritarias: Corredores pesados como la Ruta Nacional 3, la Ruta 34 y la Ruta 151 quedaron sin balizamiento ni mantenimiento mínimo.
• Aumento de la siniestralidad vial: Informes del Instituto Argentina Grande (IAG) señalan un incremento del 38% en accidentes causados por deformación de calzada y falta de señalización en tramos interprovinciales.
• Ruptura de contratos de concesión: Las empresas contratistas iniciaron reclamos administrativos contra el Estado por mora acumulada superior a los $180.000 millones.

Concesiones paralizadas y peajes al alza¶

El esquema oficial apuntaba a reemplazar la inversión pública por licitaciones privadas. Sin embargo, las empresas del sector advierten que ningún grupo inversor privado financia el arreglo estructural de rutas destruidas si el Estado no garantiza la contraparte presupuestaria o habilita tarifazos inalcanzables en los peajes.

Mientras tanto, los usuarios pagan dos veces: en cada carga de combustible en el surtidor y en cada cabina de peaje que aumentó por encima de la inflación general.

Fijate en la dimensión del desvío: el dinero guardado en plazos fijos equivale a la repavimentación completa de más de 4.000 kilómetros de autopistas nacionales.

Podés profundizar sobre las denuncias por contrataciones en infraestructura en el dossier de Anticorrupción y Transparencia, y revisar el estado de las concesiones viales en nuestra cobertura previa sobre privatización de rutas.