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Glaciares: 900.000 firmas y una reforma que se define en tribunales

Tres meses después de aprobada, la reforma de la Ley de Glaciares no se terminó de imponer: se judicializó. Una demanda colectiva juntó 900.000 adhesiones en dos semanas, y ya hay una cautelar de urgencia por el avance minero sobre un glaciar protegido.

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz

Glaciar Perito Moreno, Santa Cruz. Foto: Diego Delso — CC BY-SA 3.0 (vía Wikimedia Commons). Imagen ilustrativa.

La resistencia se mudó a los juzgados

Cuando se aprobó la reforma con 137 votos, escribimos que la pelea recién empezaba. No nos equivocamos. La campaña impulsada por Greenpeace, FARN y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas alcanzó 900.000 adhesiones en menos de 15 días, y los amparos llegaron a los tribunales federales de varias provincias.

El dato más grave: ya se presentó una medida cautelar de urgencia por el avance de actividad minera sobre un glaciar que la ley anterior protegía de manera absoluta. No es una hipótesis de ambientalistas: es un expediente judicial en curso.

Qué cambió la ley 27.804

La reforma redefine el concepto de "ambiente periglacial" y limita la protección a los glaciares que cumplan una "función hídrica efectiva y relevante". Además transfiere a las provincias la facultad de habilitar actividades en zonas que antes eran de resguardo absoluto.

¿Quién decide qué glaciar es "relevante"? La misma autoridad provincial interesada en la regalía minera. Los especialistas advierten que el acceso al agua de más de siete millones de personas que dependen de cuencas andinas queda comprometido.

Lo que viene

La constitucionalidad de la reforma se va a resolver en la Corte, y el precedente de Mendoza — donde la movilización civil ya torció una ley — muestra que la presión ciudadana pesa. Seguimos esta causa en nuestro dossier de Medio Ambiente.