850.000 firmas y amparo federal: frenan la entrega del Glaciar GE110 al RIGI minero¶

La avanzada extractiva sobre las reservas estratégicas de agua dulce en la Cordillera de los Andes acaba de chocar contra una barrera ciudadana y judicial. Respaldadas por más de 850.000 firmas reunidas en menos de dos semanas, organizaciones socioambientales presentaron un amparo colectivo ante la Justicia Federal para frenar la reforma a la Ley de Glaciares. El reclamo exige una medida cautelar urgente para proteger el Glaciar de Escombros GE110 en San Juan, una reserva hídrica vital que quedó en la línea de tiro del megaproyecto minero Vicuña tras su ingreso al régimen del RIGI.

El truco de la "función hídrica": cómo desarmaron la protección¶

La ofensiva parlamentaria que modificó la histórica Ley 26.639 no fue casualidad técnica: fue un traje a medida para las corporaciones mineras transnacionales. La nueva normativa supedita la preservación de los ambientes periglaciares a que demuestren una supuesta "función hídrica efectiva", transfiriendo a las administraciones provinciales el poder de definir qué cuerpo de hielo se protege y cuál no.

En la práctica, esta modificación permite que funcionarios locales, históricamente alineados con los intereses de las empresas mineras, declaren que determinados glaciares de roca o escombros "no aportan agua mensurable" para desafectarlos del Inventario Nacional de Glaciares. Una vez removida la tutela federal, las mineras quedan autorizadas a utilizarlos como botaderos de roca estéril, construir caminos sobre ellos o dinamitarlos en las zonas de excavación a cielo abierto.

Las entidades firmantes de la acción judicial —Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA)— denunciaron que esta regresión normativa viola abiertamente el principio de no regresión ambiental de la Ley General del Ambiente y los compromisos internacionales del Acuerdo de Escazú.

El Glaciar GE110: en el corazón del megaproyecto Vicuña¶

El punto crítico de la controversia está localizado en el departamento Iglesia, en el extremo noroeste de San Juan, a más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Allí se encuentra el Glaciar de Escombros GE110, un cuerpo congelado debidamente relevado y catalogado en el Inventario Nacional a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

Fijate en cómo se cruzan los intereses corporativos con la entrega territorial:

• El proyecto: el distrito minero Vicuña, operado por el consorcio internacional Lundin Mining junto a BHP, busca explotar masivos yacimientos de cobre, oro y plata (Josemaría y Filo del Sol).
• El blindaje del RIGI: el proyecto fue incorporado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, garantizándole estabilidad fiscal por 30 años, reducción de alícuotas y el uso prioritario de los cursos de agua dulce cordilleranos.
• La amenaza física: el glaciar GE110 se ubica dentro de la huella de operación directa de la mina. De aplicarse el nuevo marco legal provincial, perdería su condición de reserva intangible y pasaría a ser removido durante las obras de infraestructura pesada.

Los glaciólogos e investigadores del IANIGLA vienen advirtiendo con estudios científicos lo que el discurso oficial omite: en zonas áridas como Cuyo, los glaciares de escombros constituyen inmensas masas de hielo subterráneo que liberan agua de manera constante durante los meses más secos del verano. Dinamitarlos o cubrirlos con escombros no solo destruye el glaciar, sino que contamina las cuencas que riegan los valles agrícolas aguas abajo.

La respuesta en los tribunales y la movilización popular¶

El respaldo de 850.000 firmas ciudadanas convirtió a la demanda en una de las mayores expresiones de resistencia ambiental en la historia reciente del país. La presentación colectiva exige a los tribunales federales que dicten una orden de no innovar que suspenda cualquier actividad minera sobre el glaciar GE110 y prohíba a las autoridades sanjuaninas desafectar glaciares del inventario nacional hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la ley.

Los datos de la crisis hídrica en la región cuyana son categóricos: los ríos San Juan y Jáchal arrastran caudales muy por debajo de sus promedios históricos debido a la sequía prolongada y la disminución de las nevadas invernales. Ceder los reservorios glaciares a cambio de regalías mineras equivale a rifar la supervivencia productiva y el agua potable de millones de habitantes.

Como señalamos en nuestro dossier de Medio Ambiente, en el análisis sobre Soberanía y el régimen del RIGI y en la cobertura sobre el avance minero sobre las cuencas de Catamarca y San Juan, el agua vale más que el oro. Cuando el Estado resigna el cuidado de sus recursos estratégicos para satisfacer balances corporativos, la defensa de los glaciares pasa a ser una cuestión de soberanía nacional.