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Ataques récord a la prensa: FOPEA registró 12 agresiones en solo cinco días de octubre

El clima de hostilidad oficial contra el trabajo periodístico pulverizó todos los registros históricos. El Monitoreo de Libertad de Expresión del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó 12 agresiones directas a cronistas y medios en los primeros cinco días de octubre, consolidando un patrón de estigmatización que tiene a la cúspide del Gobierno nacional como principal motor.

Micrófonos de prensa y periodistas en conferencia oficial

Foto: Tony Webster — CC BY 2.0 (vía Wikimedia Commons). Imagen ilustrativa.

La violencia verbal y el señalamiento público desde el poder político ya no son episodios aislados: son una política deliberada de disciplinamiento.

El registro de FOPEA reveló que en 2026 ya se superó la marca récord de ataques contra periodistas que se había alcanzado en 2025. Más del 60% de las agresiones registradas en lo que va del año se originaron directamente en declaraciones, discursos o publicaciones en redes sociales de integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, con el presidente Javier Milei a la cabeza.

El manual de hostigamiento cotidiano

El informe técnico presentado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados describe un ecosistema de presión que opera en múltiples niveles:

  • Señalamiento y linchamiento digital: cada vez que un periodista publica una investigación sobre contrataciones irregulares, viajes oficiales o desvíos presupuestarios, las cuentas oficiales y el ejército de trolls paraestatales replican fotos personales, descalificaciones y acusaciones de "ensobrado" o "extorsionador".
  • Acoso judicial (demandas SLAPP): el uso sistemático de demandas civiles y querellas por calumnias e injurias contra periodistas de investigación para asfixiarlos económicamente y obligarlos a destinar tiempo y dinero a defenderse en tribunales.
  • Cepos informativos por decreto: la firma del Decreto 780/24 recortó de cuajo la Ley de Acceso a la Información Pública, permitiendo a los funcionarios clasificar como "reservados" datos patrimoniales, gastos de comitivas y antecedentes de contratos bajo el pretexto de la "vida privada".
  • Vaciamiento de garantías laborales: la derogación de estatutos profesionales dejó a cientos de trabajadores de prensa en situación de extrema precariedad, facilitando presiones editoriales en redacciones diezmadas.

Un fallo judicial que pone un freno

En medio de la avanzada, la Justicia federal sentó un precedente relevante. En la primera semana de octubre, la Justicia dictó una resolución favorable en la causa por amenazas y hostigamiento contra el periodista Alejandro Alfie, ratificando que las campañas de intimidación coordinadas en redes sociales configuran delitos que deben ser investigados y sancionados.

Las entidades de prensa (FOPEA, ADEPA y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires) volvieron a alertar que demonizar la labor periodística habilita agresiones físicas en la calle durante coberturas y destruye las bases mínimas del escrutinio democrático. Cuando el poder responde con insultos a las preguntas sobre el uso del dinero público, la que pierde es la sociedad entera.


Fuentes