Fallo judicial firme ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, pero la Rosada frena los giros¶

La Justicia Federal volvió a fallar en contra del ajuste sobre la educación pública. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a liquidar las partidas salariales y presupuestarias previstas en la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, en los despachos de Capital Humano y Economía las transferencias siguen pisadas.

Una sentencia desoída en los despachos¶

El pronunciamiento judicial no dejó margen de duda. Tras el rechazo previo de la Corte Suprema a un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Economía, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa Federal dejó firme la cautelar dictada en primera instancia.

La orden judicial exige al Poder Ejecutivo:

1. Liquidar de inmediato la recomposición salarial acumulada para docentes y no docentes.
2. Actualizar las partidas de gastos de funcionamiento según la inflación calculada por el INDEC.
3. Desbloquear las partidas destinadas al mantenimiento de hospitales universitarios y laboratorios de investigación.

Pese a la notificación formal recibida por la Procuración del Tesoro, la Secretaría de Educación no emitió la resolución administrativa requerida para actualizar las planillas salariales del mes de agosto.

La advertencia del CIN: el presupuesto más bajo en 20 años¶

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los rectores advirtieron que la negativa a acatar la orden judicial profundiza el colapso operativo de las 57 universidades nacionales.

Aunque en junio el Gobierno anunció un acuerdo parcial para gastos de funcionamiento, las autoridades académicas demostraron con planillas presupuestarias que el aumento no cubrió ni la mitad de la inflación acumulada en servicios básicos, insumos médicos e infraestructura.

Como ya explicamos en nuestra nota sobre la fuga de cerebros docentes y en la parálisis de proyectos científicos, los salarios universitarios perdieron más de 40 puntos contra la inflación. El presupuesto proyectado para 2026 representa la inversión estatal en educación superior más baja en dos décadas medida en relación con el PBI.

Conflicto penal por desacato¶

Ante la inacción del Ministerio de Capital Humano, los gremios docentes (CONADU, CONADU Histórica y FEDUN) junto al frente estudiantil anunciaron que se presentarán en el expediente judicial para exigir sanciones astreintes (multas diarias sobre los funcionarios responsables) e iniciar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Fijate en la contradicción: mientras la vocería oficial repite que el equilibrio fiscal no se negocia, los tribunales recuerdan que ningún decreto gubernamental está por encima de una ley nacional sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia.

Podés consultar la evolución de este conflicto en nuestro dossier de Educación Pública.