El 6 de agosto no va a haber una sola escena frente al Congreso, van a ser dos. Adentro, el Senado vota la ley que abre la venta de tierras a extranjeros. Afuera, una marcha con la CGT, las dos CTA y organizaciones por la tierra le grita "Argentina no se vende".
El 6 de agosto no es una fecha más en el Senado. Ese día vuelve al recinto un paquete que toca tres cosas a la vez: la propiedad privada, la venta de tierras a extranjeros y la ley que frena los negocios después de un incendio. El oficialismo lo intentó y no le dieron los votos. Ahora va por la quinta.
El proyecto se llama "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" y suena impecable. Adentro tiene un capítulo que borra los límites para que un extranjero compre tierra rural argentina sin tope de porcentaje ni de hectáreas. Ya se frenó cuatro veces en el Senado. La quinta puede ser el 6 de agosto.
Este miércoles el Gobierno abrió las ofertas finales por la Etapa III de la concesión privada de rutas nacionales: 3.900 kilómetros en 11 provincias, entregados por peaje. Veintidós empresas siguen en carrera. Es el mismo modelo de la Hidrovía, ahora sobre el asfalto que usás todos los días.
Del 11 de junio al 19 de julio, la atención argentina estuvo donde siempre está cada cuatro años: en la Selección. El Gobierno lo sabía. En esas cinco semanas firmó la mayor privatización de su mandato, tomó deuda por decreto con jurisdicción extranjera, disolvió un ministerio y empujó el Súper RIGI. Esta es la lista completa de lo que rodó mientras rodaba la pelota.
La producción argentina de litio saltaría de 116.000 a 172.000 toneladas este año: un 48% más. El cobre, de la mano del RIGI y del tratado minero con Chile, vuelve al centro de la escena. La otra cara del boom la cuentan los territorios: salares protegidos concesionados, lagunas que bajan y comunidades que no fueron consultadas.
El RIGI ya suma 20 proyectos con USD 57.000 millones comprometidos, el plazo de adhesión se estiró hasta 2027 y Diputados le dio media sanción a un "Súper RIGI" tecnológico. El régimen crece. Las respuestas sobre qué gana el país, no.
Tres meses después de aprobada, la reforma de la Ley de Glaciares no se terminó de imponer: se judicializó. Una demanda colectiva juntó 900.000 adhesiones en dos semanas, y ya hay una cautelar de urgencia por el avance minero sobre un glaciar protegido.
En la madrugada del 9 de abril, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma de la Ley de Glaciares. 137 votos a favor, 111 en contra, 3 abstenciones. Más de 100.000 personas se habían inscripto para hablar en las audiencias públicas. Hablaron menos del 1%. Los científicos fueron ignorados. Los manifestantes, ninguneados. Y días después, una minera les pagó un viaje a Estados Unidos a varios de los legisladores que votaron a favor.
La política extractivista del gobierno le dio un golpe durísimo a la protección ambiental. Desarmando la Ley de Glaciares desde adentro, habilitaron el ingreso de la minería a zonas periglaciares en plena crisis hídrica de la región cordillerana.