La inflación de junio fue 1,9%, la más baja en diez meses, y el Gobierno lo festeja. Pero una familia tipo necesitó $1.531.473 ese mismo mes para no ser pobre, y el 86% de los trabajadores dice que su salario sigue perdiendo contra los precios.
El RIGI ya suma 20 proyectos con USD 57.000 millones comprometidos, el plazo de adhesión se estiró hasta 2027 y Diputados le dio media sanción a un "Súper RIGI" tecnológico. El régimen crece. Las respuestas sobre qué gana el país, no.
Mientras el gobierno les pide austeridad a los ciudadanos, investigaciones judiciales destapan algo muy diferente: vuelos privados pagados por contratistas del Estado y propiedades de lujo que nunca aparecieron en las declaraciones juradas. Así funciona la doble vara.
En zonas como Uspallata se consolida un modelo que los especialistas llaman "economía de enclave": se entrega el recurso natural y, de yapa, se les regala la infraestructura logística del país a las corporaciones para que saquen todo más barato.
La Ley de Modernización Laboral N° 27.802, promulgada el 6 de marzo de 2026, es la reforma más profunda del mercado de trabajo argentino en medio siglo.1 No se trata de un ajuste técnico: es una reconfiguración completa de las reglas que rigieron las relaciones laborales desde la década de 1970.4 Este análisis examina los alcances de la reforma, contrasta el relato oficial de eficiencia con la realidad de las PyMEs, y evalúa la respuesta judicial inmediata y el impacto en los derechos de los trabajadores.6