Milei vetó las tres leyes que el Congreso había aprobado: aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. Hoy la calle responde. La CGT, las organizaciones de jubilados y los movimientos sociales marchan al Congreso, mientras Diputados debate si reúne los dos tercios para voltear los vetos.
Del 11 de junio al 19 de julio, la atención argentina estuvo donde siempre está cada cuatro años: en la Selección. El Gobierno lo sabía. En esas cinco semanas firmó la mayor privatización de su mandato, tomó deuda por decreto con jurisdicción extranjera, disolvió un ministerio y empujó el Súper RIGI. Esta es la lista completa de lo que rodó mientras rodaba la pelota.
El Gobierno celebra que la pobreza baja. Las mediciones independientes la ven subiendo: 31,8% en abril-mayo. Los dos citan planillas, los dos hablan de "rigor técnico", y mientras tanto una familia necesita un millón y medio de pesos por mes para no ser pobre. Vamos a desarmar la discusión pieza por pieza.
La inflación de junio fue 1,9%, la más baja en diez meses, y el Gobierno lo festeja. Pero una familia tipo necesitó $1.531.473 ese mismo mes para no ser pobre, y el 86% de los trabajadores dice que su salario sigue perdiendo contra los precios.
El RIGI ya suma 20 proyectos con USD 57.000 millones comprometidos, el plazo de adhesión se estiró hasta 2027 y Diputados le dio media sanción a un "Súper RIGI" tecnológico. El régimen crece. Las respuestas sobre qué gana el país, no.
Mientras el gobierno les pide austeridad a los ciudadanos, investigaciones judiciales destapan algo muy diferente: vuelos privados pagados por contratistas del Estado y propiedades de lujo que nunca aparecieron en las declaraciones juradas. Así funciona la doble vara.
En zonas como Uspallata se consolida un modelo que los especialistas llaman "economía de enclave": se entrega el recurso natural y, de yapa, se les regala la infraestructura logística del país a las corporaciones para que saquen todo más barato.
La Ley de Modernización Laboral N° 27.802, promulgada el 6 de marzo de 2026, es la reforma más profunda del mercado de trabajo argentino en medio siglo.1 No se trata de un ajuste técnico: es una reconfiguración completa de las reglas que rigieron las relaciones laborales desde la década de 1970.4 Este análisis examina los alcances de la reforma, contrasta el relato oficial de eficiencia con la realidad de las PyMEs, y evalúa la respuesta judicial inmediata y el impacto en los derechos de los trabajadores.6