La investigación judicial por sobreprecios y licitaciones dirigidas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI sumó un nuevo capítulo central. El Juzgado Federal confirmó la detección de un entramado de al menos 14 empresas fantasma registradas bajo nombres de testaferros, utilizadas para direccionar fondos públicos destinados a insumos médicos.
Un informe técnico de auditoría interna sobre las erogaciones de la Subsecretaría de Vocería y la Secretaría de Prensa de la Nación detectó inconsistencias serias en las contrataciones de servicios logísticos, catering y transporte de personal. El documento revela que entre marzo y julio de 2026 se adjudicaron más de $320 millones en forma directa, eludiendo los mecanismos de licitación pública obligatorios para contrataciones del Estado que superen los montos mínimos reglamentarios.
A un mes de la firma del contrato que otorgó la concesión de la vía navegable troncal a la empresa belga Jan De Nul por 25 años, comenzaron a operar los nuevos cuadros tarifarios de peaje. Cámaras del sector exportador y armadores fluviales denunciaron incrementos de hasta un 40% en dólares por Tonelada de Registro Neto (TRN). Al mismo tiempo, legisladores advierten que la disolución del ente estatal de control deja la fiscalización de los volúmenes de dragado y balizamiento en manos directas de la propia operadora privada.
La causa penal que investiga maniobras de facturación inflada y desvío de fondos en las prestaciones de salud pública sumó un capítulo judicial clave. La Cámara Federal dejó firme la inhibición general de bienes y el bloqueo de cuentas bancarias sobre 12 ex funcionarios y empresarios proveedores de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y de PAMI. La investigación se enfoca en contrataciones directas por más de $4.500 millones otorgadas sin licitación competitiva.
La concesión del dragado y balizamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay —por la que circula más del 80% de las agroexportaciones del país— sumó serias impugnaciones técnicas y administrativas. Cámaras empresarias navales argentinas y legisladores de la oposición presentaron pedidos de informe en la Cámara de Diputados para frenar el llamado a licitación pública internacional por 25 años impulsado por el Poder Ejecutivo. La controversia central radica en las condiciones de facturación previa y patrimonio requeridos, pensados para favorecer a dos gigantes multinacionales del sector marítimo.
Una investigación judicial abrió una de las crisis más serias de los últimos años dentro del Sindicato de Camioneros. La conducción expulsó a un dirigente por su presunta participación en un fraude cercano a los USD 10 millones. El eje del negocio: el hotel gremial de Mar del Plata.
El juicio oral por los "Cuadernos de la corrupción" transita una etapa clave. Un ex funcionario de la AFIP —hoy ARCA— declaró que encontró coincidencias entre fechas y montos de presuntos sobornos y extracciones de dinero en efectivo. La corrupción no tiene bandera: acá el reloj corre sobre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Luis Caputo presentó la segunda versión de la Inocencia Fiscal y la mandó al Congreso. Saca los topes de patrimonio e ingresos, blinda el origen de los fondos y le pasa a ARCA la obligación de probar que algo no cierra. La oposición no discute el fondo: pide que los funcionarios públicos queden afuera. Y hay un motivo con nombre propio.
El Gobierno designó jueces, envió pliegos y dejó caer magistrados en momentos quirúrgicos de la causa que investiga a Javier Milei por la promoción de la criptomoneda $LIBRA. No es una teoría: es una cronología.
Del 11 de junio al 19 de julio, la atención argentina estuvo donde siempre está cada cuatro años: en la Selección. El Gobierno lo sabía. En esas cinco semanas firmó la mayor privatización de su mandato, tomó deuda por decreto con jurisdicción extranjera, disolvió un ministerio y empujó el Súper RIGI. Esta es la lista completa de lo que rodó mientras rodaba la pelota.