El remate de AySA por USD 340 millones: entregan un monopolio por cuatro meses de facturación¶

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) cruzó este 8 de octubre de 2026 su frontera decisiva con un resultado que roza el absurdo financiero. Un consorcio integrado por la constructora Rowing, Transclor (propiedad de Mauricio Filiberti), la brasileña Arcos y el fondo neerlandés PHX Aqua ofertó 340,2 millones de dólares por el 90% de las acciones de la mayor empresa de agua de América Latina. La cifra equivale a apenas cuatro meses de la facturación corriente de la compañía, que cobra el servicio esencial a más de 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

La matemática del despojo: cuatro meses de caja por 30 años de monopolio¶

Hacé la cuenta básica con las planillas oficiales sobre la mesa. Según los informes económicos publicados por Infobae y los balances operativos de la propia empresa, AySA factura en la actualidad alrededor de 1.000 millones de dólares al año. Eso representa un ingreso bruto mensual de aproximadamente 83,3 millones de dólares, apalancado por 3,8 millones de cuentas activas y tarifas residenciales que promediaron los $42.975 por mes tras los sucesivos aumentos aplicados entre 2024 y 2026.

La oferta ganadora del consorcio de Walter Román y Mauricio Filiberti fue de 340,2 millones de dólares, superando la propuesta de 285 millones de dólares que presentó el Grupo Roggio. Dividí los 340,2 millones por los 83,3 millones que la empresa recauda cada treinta días:

• 122 días de facturación bruta: ese es el valor que los compradores pagan por quedarse con el control operativo de la infraestructura de saneamiento más grande del país.
• Concesión a 30 años: el contrato incluye además una cláusula de prórroga automática por 10 años más, lo que garantiza cuatro décadas ininterrumpidas de recaudación cautiva hasta el año 2066.
• Deuda absorbida mínima: el pliego solo traslada al concesionario privado pasivos de corto plazo por unos 70 millones de dólares, dejando los compromisos financieros más pesados bajo la órbita residual del Tesoro nacional.

En cualquier mercado del mundo, una empresa de servicios públicos regulada se valúa por un múltiplo de entre 6 y 10 veces su EBITDA anual. Acá se entregó el 90% del paquete accionario por menos de la mitad de lo que la empresa factura en un solo ejercicio anual.

¿Cómo es posible que pase esto? El pliego diseñado sin precio base¶

¿Cómo se explica que el Estado argentino venda un activo de esta magnitud por una cifra tan baja? La respuesta no está en el azar del mercado, sino en el diseño administrativo de la propia licitación pública.

A diferencia de cualquier proceso licitatorio transparente, el Gobierno nacional resolvió no fijar un precio base ni establecer un piso mínimo de tasación patrimonial en los pliegos de condiciones. El Ministerio de Economía había dejado trascender a la prensa que aspiraba a recaudar al menos 500 millones de dólares —una cifra que ya resultaba irrisoria para los activos en juego—, pero al no existir una cláusula de reserva mínima, la subasta quedó atada exclusivamente al mejor postor entre los dos únicos grupos que llegaron a la apertura final.

A esto se sumó la ausencia deliberada de operadores internacionales de primera línea. Gigantes globales como Veolia o Suez desistieron de competir frente a condiciones regulatorias opacas y un cronograma acelerado que favoreció a los contratistas locales con conocimiento íntimo de los pasillos de la empresa. El resultado fue una compulsa cerrada entre dos actores conocidos: Roggio por un lado y la alianza Román-Filiberti por el otro.

Engordar la vaca con plata pública: USD 13.400 millones entregados en bandeja¶

El precio de USD 340 millones se vuelve todavía más escandaloso cuando se contrasta con el dinero que el pueblo argentino invirtió en AySA durante las últimas dos décadas.

Desde la reestatización de 2006 —decretada tras el colapso del contrato de Aguas Argentinas—, el Estado nacional volcó en AySA más de 13.400 millones de dólares en obras de infraestructura estructural, tendido de cañerías maestras, estaciones de bombeo y plantas de tratamiento. Fijate en las obras estratégicas que ahora pasan a manos privadas:

• El Sistema Riachuelo: una megaobra de ingeniería sanitaria financiada con más de 1.200 millones de dólares por el Banco Mundial, que incluye un colector de 30 kilómetros, una planta de pretratamiento en Dock Sud y un emisario subfluvial de 12 kilómetros bajo el Río de la Plata.
• Planta Potabilizadora Juan Manuel de Rosas: complejo levantado en Dique Luján (Tigre) para abastecer de agua dulce a los municipios de la zona norte del conurbano.
• Ampliación de la Planta General San Martín: modernización de la histórica central de Palermo para procesar más de tres millones de metros cúbicos diarios.

Durante 2024 y 2025, el Gobierno aplicó un violento ajuste tarifario sobre los usuarios, recortando subsidios y multiplicando las boletas de agua para eliminar el déficit operativo de la empresa. Una vez que las cuentas cerraron con superávit contable y con la infraestructura ya pagada por los contribuyentes, el Ejecutivo activó el remate para transferir ese flujo de caja limpio a un consorcio privado.

De proveedor privilegiado a dueño: el desembarco del "Rey del Cloro"¶

Detrás del consorcio ganador no hay un desembarco de capitales productivos extranjeros, sino una vieja red de intereses cruzados que atraviesa a todos los gobiernos de las últimas décadas.

El actor central de la operación es Mauricio Filiberti, conocido en el ámbito empresarial y político como "el Rey del Cloro". Filiberti es el dueño de Transclor, la compañía que mantiene desde 2009 un contrato casi monopólico como proveedora de policloruro de aluminio y derivados de cloro para la potabilización del agua que distribuye AySA. Ese contrato millonario sobrevivió sin sobresaltos a las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández —período en el que Filiberti consolidó una estrecha amistad pública con Sergio Massa y Malena Galmarini, entonces presidenta de la empresa estatal—.

Socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, Filiberti pasa ahora del mostrador de proveedor al sillón de dueño de la concesionaria. Quien le vendía los químicos esenciales a la empresa estatal ahora controlará la empresa misma, cerrando un círculo donde el costo de los insumos que él produce será pagado con las tarifas que abonarán los usuarios bonaerenses y porteños.

El consorcio se completa con:

• Rowing S.A. (Walter Román): firma de ingeniería y servicios con amplio historial como contratista de obra pública y contratos con el Estado, bajo la lupa judicial por contrataciones directas en el PAMI durante 2025.
• PHX Aqua AR B.V.: vehículo financiero constituido en los Países Bajos, con una estructura corporativa que remite a jurisdicciones offshore del Caribe.
• Arcos Saneamento e Participações: brazo del Grupo Equipav de Brasil, que aporta el sello técnico de operador que exigían los pliegos licitatorios.

El fantasma de los años 90: cuando el agua dejó de ser un derecho¶

Esta película la Argentina ya la vio. En mayo de 1993, el gobierno de Carlos Menem entregó Obras Sanitarias de la Nación (OSN) al consorcio Aguas Argentinas, liderado por la francesa Lyonnaise des Eaux (Suez).

La promesa de entonces fue idéntica a la de hoy: inversiones millonarias, eficiencia de mercado y fin del gasto público. La realidad fue otra: a los pocos meses de asumir, la empresa renegoció el contrato para aplicar tarifazos extraordinarios, creó el "cargo de incorporación" que endeudó a familias humildes que querían conectarse a la red, incumplió las metas de expansión cloacal y giró utilidades millonarias al exterior mientras postergaba el mantenimiento preventivo. La aventura terminó en 2006 con la rescisión contractual por contaminación y un largo litigio ante los tribunales arbitrales del CIADI.

Veinte años después, el Estado vuelve a tropezar con la misma piedra pero en condiciones aún más gravosas: entrega una red saneada, con plantas nuevas construidas con deuda externa soberana, a un precio que se amortiza en cuatro meses y en favor de sus propios proveedores de insumos.

Como analizamos en nuestro dossier de Soberanía y en la cobertura sobre la entrega de recursos estratégicos en el Cono Sur, el agua potable no es un insumo financiero: es un derecho humano consagrado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entregar su llave maestra por cuatro meses de caja no es una privatización: es una liquidación patrimonial.