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Causa ANDIS-PAMI: la Justicia detecta 14 empresas fantasma y eleva los embargos a $8.500 millones

La investigación judicial por sobreprecios y licitaciones dirigidas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el PAMI sumó un nuevo capítulo central. El Juzgado Federal confirmó la detección de un entramado de al menos 14 empresas fantasma registradas bajo nombres de testaferros, utilizadas para direccionar fondos públicos destinados a insumos médicos.

Palacio de Justicia de la Nación

Palacio de Justicia de la Nación. Foto: GameOfLight — CC BY-SA 3.0 (vía Wikimedia Commons). Imagen ilustrativa.

Direccionamiento y contrataciones cruzadas

Los peritajes de la Policía Federal y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revelaron que las firmas compartían los mismos domicilios fiscales en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, muchos de los cuales correspondían a terrenos baldíos o locales vacíos.

Entre las irregularidades documentadas en el expediente se destacan:

  • Facturación cruzada: licitaciones donde competían supuestas empresas rivales que compartían apoderados legales y cuentas bancarias.
  • Insumos inexistentes: adjudicaciones millonarias para prótesis y medicamentos de alta complejidad que nunca llegaron a los beneficiarios de la ANDIS.
  • Retornos sistemáticos: giros bancarios inmediatos hacia cuevas financieras tras el cobro de los cheques estatales.

Esta maniobra profundiza lo que ya habíamos expuesto en nuestra cobertura previa sobre los sobreprecios y las medidas cautelares ratificadas por la Cámara Federal.

Inhibición de bienes y embargos congelados

Frente al avance de las pruebas, el tribunal dispuso la ampliación de la inhibición general de bienes para 16 exfuncionarios y empresarios involucrados, fijando embargos preventivos que suman $8.500 millones.

Entidad / Proveedor Investigado Monto de Contratación Sospechada Estado de la Causa
Red de 14 Empresas Fantasma $5.200 millones Embargo ratificado y secreto de sumario levantado
Droguerías Intermediarias PAMI $3.300 millones Cuentas congeladas e inspección en sedes

Las defensas de los imputados solicitaron la nulidad de las escuchas telefónicas, pero el juzgado rechazó los planteos y ratificó el procesamiento por defraudación a la administración pública y asociación ilícita.

Seguí la investigación completa en nuestro dossier de Anti-Corrupción.