Motosierra en AFIP: nace ARCA con 3.155 despidos y los gremios paralizan aduanas y puertos¶

Mediante el Decreto 953/2024, el Gobierno nacional disolvió la AFIP y creó en su reemplazo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La medida desató una rebelión sindical con apagones informáticos y paros aduaneros frente a la amenaza de cesantear a 3.155 trabajadores y recortar un 34% de la estructura operativa.

El decreto de disolución y las 3.155 cesantías¶

El vocero Manuel Adorni anunció la decisión oficial como una cruzada contra el gasto público y los privilegios salariales. La nueva agencia, ARCA, absorbe la Dirección General Impositiva (DGI) a cargo de Andrés Vázquez y la Dirección General de Aduanas (DGA) encabezada por José Velis, todas bajo la conducción ejecutiva de Florencia Misrahi.

Detrás del cambio de nombre y logotipo, el plan contempla una reducción drástica:

• El pase a disponibilidad o cesantía de 3.155 agentes de planta permanente (un 15% del total del personal del organismo), a quienes el Ejecutivo acusa de haber ingresado de manera "irregular" durante 2023.
• La eliminación del 45% de las autoridades superiores y del 31% de los niveles inferiores de mandos medios.
• La supresión de la histórica Cuenta de Jerarquización para los cargos políticos, un fondo estímulo atado a la recaudación fiscal que inflaba las remuneraciones de los administradores federales.

Según los números presentados por Casa Rosada, la reestructuración promete un ahorro fiscal de 6.400 millones de pesos al año. El sueldo de la titular del organismo, que trepaba a más de 30 millones de pesos mensuales brutos, fue equiparado al de un ministro de la Nación (alrededor de 4 millones de pesos), mientras que los directores de DGI y Aduana cobrarán el haber equivalente a secretarios de Estado.

Apagón informático y parálisis en el comercio exterior¶

La respuesta de los gremios del sector fiscal no se hizo esperar. La Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP) y el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) declararon el estado de alerta general y lanzaron un plan de lucha escalonado.

Las medidas incluyeron asambleas y un "apagón informático" diario de 10:00 a 12:00 horas, desconectando los servidores y suspendiendo la atención en agencias impositivas y pasos fronterizos.

El impacto sobre el comercio exterior fue inmediato. En las terminales del puerto de Buenos Aires y en los puentes internacionales con Brasil, Uruguay y Chile se acumularon filas de camiones varados sin poder registrar despachos de importación ni exportación. Los operadores aduaneros advierten que paralizar los controles técnicos no frena el gasto: alienta el contrabando y traba el ingreso de divisas genuinas.

La paradoja de desarmar el control fiscal en pleno blanqueo¶

La implosión institucional de la AFIP estalla en el momento más delicado para las cuentas fiscales de la administración libertaria. Con una recaudación tributaria que acumula meses de caídas reales por el derrumbe del consumo interno y la recesión industrial, el Gobierno desmantela las dependencias fiscalizadoras justo cuando vence la primera etapa del blanqueo de capitales.

Como revelamos en la investigación sobre las declaraciones juradas y los bitcoins de Manuel Adorni, la flamante ARCA es el organismo ante el cual los propios funcionarios del oficialismo tramitan rectificaciones contables exprés para regularizar activos no declarados mientras recortan el personal encargado de auditar la evasión de las grandes fortunas.

La ecuación de fondo queda a la vista: se exhibe el recorte de los sueldos millonarios de la cúpula para justificar el despido de miles de auditores de carrera. El peligro real, como alertamos en el Dossier Economía, es que la destrucción de la capacidad inspectora del Estado no genera libertad ni eficiencia, sino una zona liberada para la evasión fiscal y el delito aduanero organizado.