El pendrive de medio millón: Pollicita acorrala a Adorni por 29 pericias y 22 rectificaciones¶

El asombro frente a la doble vara del poder ya no alcanza para tapar los números. Manuel Adorni pasó de jurar ante la Cámara de Diputados que su patrimonio era de una transparencia intachable a admitir en televisión que guardaba casi 600.000 dólares en efectivo sin declarar, atribuidos a un supuesto pendrive con bitcoins olvidado en un cajón. Hoy la Justicia Federal le cerró el cerco: el fiscal Gerardo Pollicita ordenó a la Policía Federal 29 peritajes informáticos para rastrear si esas criptomonedas realmente le pertenecían en el pasado o si se trata de una coartada armada a las apuradas frente a una imputación por enriquecimiento ilícito.

De la parrilla austera al cofre digital en un cajón¶

Durante meses, el relato oficial construyó la imagen de un funcionario austero que llegó a la Casa Rosada desprovisto de privilegios materiales, fotografiándose frente a una parrilla improvisada sobre una puerta vieja. El 29 de abril pasado, ante los legisladores en el Congreso, Adorni aseguró bajo juramento: "En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles... nunca existió ocultación alguna".

Sin embargo, esa solemnidad se evaporó en una entrevista televisiva en LN+. Allí, el ministro coordinador admitió haber mantenido ocultos USD 591.544,61 en billetes de ahorros que jamás figuraron en sus presentaciones iniciales ante la Oficina Anticorrupción (OA), donde apenas había declarado un patrimonio cercano a los 24.000 dólares.

La explicación que ensayó combinó mística digital y desdén fiscal: afirmó que se trataba del fruto de una inversión en Bitcoin iniciada entre 2013 y 2018, conservada "como un trofeo" en una billetera fría guardada en un mueble de su casa. Para justificar el descalabro patrimonial, intentó colectivizar la falta con una frase que detonó indignación social: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos que tienen la suerte de ahorrar". El contraste con sus antecedentes públicos es letal: en aquellos mismos años, desde el llano mediático y en columnas económicas, el propio Adorni desaconsejaba operar con criptoactivos por su volatilidad.

Las 29 preguntas de Pollicita: la blockchain no perdona relatos¶

La causa judicial, radicada en el Juzgado Federal N° 1 a cargo de Ariel Lijo, investiga a Manuel Adorni por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de bienes. Frente al avance de la pesquisa, la defensa del funcionario —encabezada por el abogado Matías Ledesma— se presentó en Comodoro Py entregando una computadora y sobres lacrados con claves criptográficas para acreditar ocho direcciones de Bitcoin en la red.

En una primera audiencia técnica ante el fiscal Gerardo Pollicita, los peritos del Departamento Técnico Cibercrimen y del Departamento de Investigaciones Antimafia de la Policía Federal Argentina (PFA) verificaron que las billeteras existen y que la defensa posee hoy las llaves de acceso mediante la firma de mensajes criptográficos de prueba. Pero el fiscal advirtió de inmediato la trampa central: tener las claves en 2026 no prueba en absoluto que Adorni haya sido el dueño histórico de esos fondos entre 2013 y 2018.

Las claves y los registros de una billetera virtual pueden cederse, comprarse a terceros o simularse mediante acuerdos privados. Por eso, Pollicita ordenó una batería de 29 puntos periciales exhaustivos a la PFA para reconstruir la huella digital de la operatoria:

• Determinar si existen registros de compras en exchanges regulados o transferencias bancarias en pesos que respalden la adquisición original de los criptoactivos.
• Analizar los metadatos de los dispositivos informáticos para saber cuándo se instalaron los softwares de custodia y cuándo se crearon los archivos de claves.
• Rastrear el libro contable de la blockchain para verificar si las transacciones históricas coinciden matemáticamente con los precios de mercado de cada época.
• Contrastar sus publicaciones en redes sociales, columnas y apariciones audiovisuales entre 2013 y 2018 mediante un relevamiento de fuentes abiertas.

El frenesí ante ARCA y las propiedades de Caballito e Indio Cuá¶

Mientras los peritos informáticos examinan los discos rígidos, el frente contable expone maniobras todavía más comprometedoras. Para intentar blindarse bajo el régimen de regularización fiscal promovido por el Ejecutivo, Adorni presentó en cuestión de horas 22 declaraciones juradas rectificativas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), buscando emparchar omisiones en IVA, Ganancias y Bienes Personales desde el período fiscal 2023.

Para los especialistas tributarios, este dibujo a contrarreloj evidencia que el funcionario mintió durante años en sus declaraciones juradas, o bien miente en el presente para blanquear fondos cuyo origen no puede justificar. La fiscalía detectó erogaciones por casi un millón de dólares en los últimos dos años entre adquisiciones inmobiliarias, viajes al exterior y gastos suntuarios.

En la mira directa de Comodoro Py figuran dos operaciones de alto valor:

• Departamento en Caballito: ubicado sobre la calle Miró al 500, escriturado por $255 millones. Adorni alegó que el 90% del dinero le fue prestado por dos jubiladas y allegados personales mediante mutuos privados sin intereses, sin garantías reales y sin cronogramas de devolución.
• Casa de fin de semana: ubicada en el exclusivo country Indio Cuá, con una valuación fiscal y de mercado que superó los $156 millones.

Ante este cuadro de inconsistencias, el fiscal Pollicita dio un paso decisivo: requirió el levantamiento del secreto fiscal y financiero de Adorni y de su cónyuge, Bettina Angeletti, ordenando reconstruir el patrimonio de ambos retrocediendo hasta 1998, el año en que ambos cumplieron la mayoría de edad.

Fractura política y el fin de la superioridad moral¶

La confesión del pendrive golpeó de lleno el principal activo discursivo del oficialismo: la pretendida "superioridad moral" contra la casta. En los pasillos del Congreso, bloques opositores impulsan pedidos de interpelación y mociones de censura, mientras el silencio de la cúpula de Balcarce 50 delata la incomodidad por sostener a un ministro cercado por su propia billetera.

El impacto también se sintió puertas adentro del armado gobernante. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó públicamente las explicaciones como una falta de respeto institucional y le exigió formalmente que concurra al Senado a rendir cuentas, recordando que la Constitución Nacional impone la visita mensual obligatoria del jefe de Gabinete.

Como documentamos en nuestro dossier sobre Anti-Corrupción, en la investigación sobre el timbazo del oro en el BCRA y en el remate de AySA a precio vil, la corrupción no cambia de naturaleza según el signo político de turno. Cuando los números no cierran y las explicaciones se esconden en un pendrive, la transparencia deja de ser una bandera electoral y pasa a ser un expediente en los tribunales federales.